Apoyo al rápido intercambio de pruebas en la UE

El martes, los parlamentarios aplaudieron la facilitación transfronteriza del acceso a las pruebas electrónicas dentro de la Unión Europea utilizadas para la investigación y el enjuiciamiento de delitos, advirtiendo que es necesario encontrar un equilibrio entre un intercambio más rápido de pruebas y la protección de los datos personales.

“Hasta ahora, esta cooperación se ha llevado a cabo con la mediación obligatoria de las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros; en Croacia, el Ministerio de Justicia. Según el nuevo proyecto de ley sobre la adquisición transfronteriza de pruebas electrónicas en procesos penales, los Estados miembros obtendrán los datos directamente de los proveedores de servicios de otro Estado miembro” - declaró el secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Administración y Transformación Digital, Sanjin Rukavina, al presentar el proyecto de ley.

¿Cuánto tiempo se podrán almacenar estos datos y quién tendrá acceso a ellos?, preguntó la diputada independiente Boška Ban, advirtiendo que estos datos pueden contener información muy sensible.

Los posibles abusos y la falta de control sobre quién, cómo y cuándo solicita los datos electrónicos de los ciudadanos también preocupan a Arsen Bauk (SDP). En su opinión, todo intercambio de datos debe registrarse y ser accesible a la supervisión nacional para evitar posibles usos indebidos.

“El reglamento cuenta con mecanismos de protección, y también existen mecanismos en la legislación nacional sobre la protección y el manejo de datos. Además, la ley define claramente que un tribunal interviene en cada solicitud y decide si se entregará algo, y también existe la posibilidad de apelación” - respondió el Secretario de Estado.

Ivan Malenica (Club HDZ) explicó que, hasta ahora, la obtención de pruebas se ha basado en la asistencia jurídica internacional, un proceso largo y complejo que ha durado hasta diez meses. El reglamento de la UE, cuya aplicación está garantizada por esta ley, establece dos nuevos instrumentos de cooperación judicial: la Orden Europea de Entrega y la Orden Europea de Conservación, con plazos de respuesta del Estado de 10 días y, en casos urgentes, de hasta ocho horas, añadió.