Los parlamentarios debatieron las enmiendas a la Ley de Delitos Menores propuestas por el Gobierno con el objetivo de reducir la cantidad de casos de este tipo que llegan a los tribunales. Las enmiendas a la Ley de Quiebras del Consumidor también figuran en la agenda de la sesión plenaria.
Las enmiendas a la Ley de Delitos Menores se centran en modernizar el procedimiento, lo que incluye la introducción de la comunicación electrónica ante los tribunales para agilizar los trámites, facilitar un intercambio de documentos más eficiente y reducir los costos procesales.
En e l contexto de la percepción y del estado de de la justicia, cuando entramos a la Unión Europea teníamos casi un millón de casos. El 28 de febrero de este año tenemos 328 mil casos no resueltos. Anteriormente no se registró nunca una disminución a menos dew 400 mil casos, pero siempre hay posibilidad de mejorar las cosas, dijo el ministro de Justicia Damir Habijan.
La comunicación electrónica será obligatoria para los organismos estatales, las unidades locales, la fiscalía, los abogados, los peritos judiciales, los intérpretes judiciales y las personas jurídicas. El acusado, la parte perjudicada y los demás participantes que sean personas físicas no están obligados a utilizar la comunicación electrónica, pero pueden unirse si así lo desean.
A partir del 1 de julio de 2027, se introducirá la grabación de audio obligatoria de las audiencias principales, y se han asignado 2,1 millones de euros en el presupuesto estatal de este año para equipar 212 salas de audiencias, según declaró el Ministro de Justicia, Damir Habijan, al presentar las modificaciones.
Además de las innovaciones tecnológicas, se está redefiniendo la política penal. Se propone suprimir la posibilidad de pagar dos tercios de la multa impuesta en la sentencia que declara culpable al acusado, con el fin de incentivar a los infractores a pagar la multa en el lugar de su comisión por un importe reducido. Este beneficio también se mantendrá para las sanciones impuestas por otras resoluciones relativas a delitos menores, como por ejemplo, una orden de detención o una orden de detención obligatoria.
Además, se están incrementando las multas máximas. Según la ordenanza sobre infracciones menores, las multas aumentan de 663 a 1000 euros, con la posibilidad de abonar dos tercios; las que se pueden cobrar de inmediato, de 265 a 380 euros, manteniéndose la opción de abonar la mitad; y las que solo dan lugar a una advertencia, de 132 a 300 euros, lo que permitirá emitir una advertencia escrita o verbal por un mayor número de infracciones. El Ministerio de Justicia prevé que estos cambios reduzcan el número de casos en procedimientos por infracciones menores ante los tribunales.
Las modificaciones a la Ley de Quiebras de Consumo transfieren los procedimientos concursales de los juzgados municipales a los juzgados mercantiles, especializados en este tipo de procedimientos.