La Voz de Croacia

18:26 / 15.02.2022.

Autor: Manuel Plaza

Tribunal Constitucional confirma validez de los certificados Covid

Miroslav Šeparović

Miroslav Šeparović

Foto: Goran Stanzl / PIXSELL

La Corte Constitucional rechazó hoy una solicitud de 35 diputados opositores y las propuestas de otros 28 solicitantes que argumentaron que la introducción de certificados COVID en el sector público no es constitucional ni legal.

Sin embargo, la Corte Constitucional adoptó parcialmente la solicitud y propuestas para la evaluación del cumplimiento de la Constitución y la ley de la decisión de introducir certificados COVID en el sector público en la parte que prescribe excepciones a la solicitud de estudiantes durante su permanencia en la educación superior. Así, abolió la posibilidad de que determinada institución de educación superior decidiera de otra manera, es decir. obligar a los estudiantes a presentar un certificado COVID digital de la UE u otra evidencia apropiada de prueba, vacunación o enfermedad de COVID al ingresar a las instalaciones de las instituciones de educación superior, dijo el tribunal.

La resolución impugnada, emitida por la Jefatura de Protección Civil el 12 de noviembre de 2021 y modificada el 25 de enero de 2022, introdujo medidas especiales para la realización de pruebas o la presentación de un certificado COVID u otra prueba adecuada de prueba, vacunación o superación de la enfermedad COVID-19 para el ingreso de funcionarios y empleados, locales de un organismo público, así como todas las demás personas que pretendan entrar en dichos locales por cualquier motivo.

El Tribunal Constitucional reiteró sus puntos de vista sobre la relación entre los artículos 16 y 17 de la Constitución y la competencia exclusiva del Parlamento croata para "activar" el artículo 17 de la Constitución sobre los poderes de la Jefatura para adoptar medidas o decisiones prescritas por la Ley de Enfermedades Infecciosas y sobre los principios con base en los cuales examina la constitucionalidad y legalidad de las decisiones de la Jefatura en cada caso particular.

La Corte Constitucional también se pronunció sobre las denuncias del demandante sobre la violación del principio de separación de poderes, afirmando que en este caso particular no hubo violación de dicho principio así como del principio de cooperación mutua y verificación mutua de titulares prescrito por la Constitución. y ley

En relación con la legitimidad del objetivo, la Corte Constitucional encontró que la decisión impugnada a nivel general tiene el mismo objetivo: proteger la salud y la vida de los ciudadanos para prevenir y combatir una pandemia.

En este caso en particular, su objetivo es permitir el buen funcionamiento del sector público en las condiciones de la pandemia de COVID con mayor seguridad de los empleados y visitantes de que su trabajo y ambiente oficial estarán protegidos de la posibilidad de infección por coronavirus, dijeron en una declaración.

Aplicando sus posiciones de principio de la sentencia de 21 de diciembre de 2021 en relación con la proporcionalidad de la obligación de realizar pruebas a los empleados del sistema de salud y bienestar social, el Tribunal Constitucional consideró que la medida controvertida es adecuada, necesaria para lograr el objetivo que pretendía lograr no impone una carga excesiva a los destinatarios. La Corte Constitucional reiteró que los ciudadanos pueden elegir entre la vacunación y la prueba.

El comunicado también señala que la Corte Constitucional no aceptó las objeciones relacionadas con la desigualdad de la posición de los sectores público y privado.

Valoró como constitucionalmente aceptables las razones por las que esta medida se introdujo sólo en relación con el sector público -para la sostenibilidad de los sistemas de administración pública y estatal y los sistemas de autogobierno regional y local y la continuidad en los servicios públicos, con el alcance e intensidad dependiendo de situación epidemiológica actual, evaluación que es competencia de la Jefatura.

El Tribunal Constitucional afirma que, en relación con las quejas del demandante, solicitó al Gobierno de la República de Croacia una explicación especial de todas las excepciones a la aplicación de la decisión impugnada y aceptó las razones dadas por el Gobierno en la declaración complementaria, excepto para los estudiantes.

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